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PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y SUMARIO EN MATERIA DE FAMILIA EN TIEMPOS DE COVID-19

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El COVID-19 ha generado innumerables conflictos a todos los niveles, entre ellos en cuanto al régimen de visitas del progenitor no custodio o en el cumplimiento de la guarda y custodia compartida, no tanto por las limitaciones de movilidad al establecerse como una de las excepciones los desplazamientos para el cuidado de los menores, sino por el riesgo a la exposición de los menores a un contagio que podría evitarse.

El simple traslado de los hijos puede exponerlos al contagio, por las concretas características del virus, con cientos de miles de contagiados asintomáticos pero que propagan el virus ¿y si tienes el virus pero estás asintomático y lo contagias a tus hijos durante el traslado o durante las visitas? O ¿si tus hijos tienen el virus, están asintomáticos y te lo contagian o a personas vulnerables con las que convivas o estés en contacto? ¿Y si el no custodio tiene el virus y contagia a los niños?

Es indudable que ambos progenitores desean lo mejor para sus hijos, ambos se preocupan por ellos y ambos sufren por el distanciamiento, al igual que los menores. Para todos es un problema, una situación extraordinaria para la que no estamos preparados y, sin embargo, tenemos que afrontarlo, tomar decisiones y actuar en consecuencia.

El Consejo General del Poder Judicial mediante acuerdo de 20 de marzo de 2020 ha establecido que el régimen de visitas de los menores, sea en custodia monoparental o compartida, no quedaba suspendido durante el estado de alarma y que corresponde al juez decidir en cada caso sobre la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia cuando se vea afectado por las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020 y siempre que no haya acuerdo entre los progenitores.

También la Fiscalía general del Estado ha dictado unos criterios generales para favorecer la unidad de actuación en la ejecución del régimen de visitas, haciendo énfasis en la necesidad de valorar el riesgo al que se exponen los menores y evitar desplazamientos cuando, una vez superada la pandemia, podrían recuperarse las visitas.

Muchos progenitores se pusieron de acuerdo suspendiendo las visitas, aplicando el régimen de “vacaciones” para minimizar los desplazamientos, algunos han dejado a los niños con el progenitor no custodio por trabajar en ambientes con exposición al virus, a pesar de la mala relación entre ambos y otras soluciones acordadas, mejores o peores, pero valientes y  primando la seguridad de sus hijos por encima de todo.

No obstante, una gran cantidad de padres y madres han optado por la vía de facto y la avalancha de litigios no tardaremos en verla.

Para estos casos, el RD-Ley 16/2020, de 28 de abril, ha creado un procedimiento especial y sumario en materia de familia, que se tramitará durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, para resolver, entre otras, las demandas sobre pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida vigente.

La competencia corresponde al Juzgado de Familia que hubiere establecido el régimen de visitas o custodia compartida de que se trate y el procedimiento sería, en esencia, el siguiente, con aplicación supletoria del juicio verbal previsto en la LEC:

- Demanda

- Admisión, por Decreto

- Citación a las partes y al Ministerio Fiscal para una vista dentro de los 10 días hábiles 

- Solicitud de pruebas que precisen citación o requerimiento, 5 días antes de la vista

- Previamente a la celebración de la vista:

• Intento de acuerdo para ser homologado judicialmente

• Audiencia de manera reservada a los hijos menores si el tribunal lo considerara necesario y, en todo caso, a los mayores de doce años.

- Celebración de la vista con posibilidad de formular reconvención; práctica de la prueba

- Sentencia o Auto, según corresponda, oralmente o bien por escrito en el plazo de tres días hábiles. En caso de que se dicte resolución oralmente, esta se documentará con expresión del fallo y de una sucinta motivación. 

- Si la resolución es oral y todas las partes manifiestan su decisión de no recurrir, se declarará la firmeza de la resolución.

- Recurso de apelación, comenzando el plazo desde la notificación de la resolución debidamente redactada.

¡Mucho ánimo y salud!