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EL COVID 19 Y LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO BANCARIO

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Ante las dificultades que pueden encontrarse muchas empresas por las consecuencias económicas del estado de alarma declarado mediante RD 463/2020, han de adoptarse medidas con la finalidad de evitar el colapso del sistema.

 

En esta tesitura, para las empresas buscar soluciones a eventuales retrasos en el pago o incluso la imposibilidad de cumplimiento de pago de las cuotas del préstamo, debe estar entre las prioridades, por al menos dos razones:

 

A) Porque muy probablemente tenga que acudir nuevamente al banco para poder salir de la situación en corto/medio plazo y

 

B) En segundo lugar, por el incremento de los gastos por daños y perjuicios, intereses, comisiones, posibles penalizaciones que derivarán del retraso o incumplimiento de las obligaciones contractuales, según el propio clausulado.

 

Hemos de partir del clausulado del contrato, que debe ser cumplido en sus propios términos (pacta sun servanda), ya que la situación actual no altera las obligaciones de las partes, de manera que habrá que atender a lo que determine el contrato, pues es posible que en éste se haya atribuido el riesgo para los supuestos imprevisibles e inevitables (art. 1105 Cc) a una de las partes, en cuyo caso se atenderá a lo pactado y ello sólo podría verse modificado o modulado por una resolución judicial, dejando a salvo, por supuesto, los acuerdos que las partes puedan y deben procurar alcanzar para evitar el incremento de gastos, molestias y ruptura de la confianza que conlleva un litigio, que posiblemente acabaría con una solución salomónica que bien habrían podido adoptar las partes con una simple negociación, realista y de buena fe, que tenga en cuenta tanto las dificultades económicas temporales del prestatario, como el incremento del riesgo asumido por el prestamista.

 

Las medidas adoptadas por el gobierno para paliar los efectos económicos de la pandemia no recogen – de momento - ninguna medida aplicable a las sociedades; a diferencia de las personas físicas (artículo 16 del Real Decreto-Ley 11/2020), quienes sí pueden obtener la suspensión temporal de las obligaciones derivadas de los créditos sin garantía hipotecaria, así como los empresarios y autónomos en cuanto a los créditos hipotecarios para adquisición de vivienda habitual, inmuebles afectos a la actividad económica o viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario, persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia.

 

También para empresarios y autónomos prestatarios de créditos o préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad Local, se regula un aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso.

 

Así pues, la situación actual no conlleva la suspensión de los efectos de un contrato de préstamo con una entidad bancaria, ni tampoco se ha adoptado por el gobierno medida alguna que facilite una moratoria para el pago del principal o de los intereses, pero, desde luego, la facultad de acuerdos entre las partes contratantes, bien mediante negociación o incluso acudiendo a mediación, en estos momentos que estamos viviendo, debe estar sobre la mesa en aras de superar esta difícil trance y dejar como último recurso la vía judicial, que sin duda tendrán en cuenta para resolver el conflicto, la concurrencia de fuerza mayor para paliar las consecuencias del incumplimiento, por ejemplo, rechazando la resolución anticipada del contrato por falta de pago o por incumplimiento de covenants financieros o modulando la indemnización de daños y perjuicios o aplicando la cláusula rebus sic stantibus para restablecer el equilibrio entre las prestaciones de las partes.

 

Nuevamente, apelamos a la buena fe y al sentido común para alcanzar soluciones extrajudiciales que permitan al país superar la difícil situación que se nos viene encima.