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REFLEXIONES SOBRE EL CORONAVIRUS Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS

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            Durante la crisis sanitaria que estamos padeciendo por el COVID-19 el personal sanitario ha demostrado nuevamente su compromiso, su profesionalidad y su vocación de servicio por encima del natural miedo y temor que embargan a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, recoge medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.  Para ello todas las autoridades civiles sanitarias, los funcionarios y todos los trabajadores al servicio de las mismas, quedan bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad. Éste podrá imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, tanto en el ámbito de la sanidad pública, como de la privada, con un régimen que sanciona los posibles incumplimientos o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma, remitiéndonos a lo establecido en el artículo 10 de la LO 4/1981, que sanciona a los funcionarios con la suspensión inmediata en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el tanto de culpa al juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario.

 

Cabe preguntarse si puede el personal sanitario negarse a cumplir la orden de atender a pacientes con COVID-19, si el centro sanitario no le ha provisto los adecuados equipos de protección individual (EPIs). Estamos viendo en las redes sociales escenas en las cuales el personal sanitario aparece cubierto con bolsas plásticas en la cabeza, sobre la ropa o en los pies, porque no han recibido los EPIs y necesitan indumentaria impermeable para evitar el contagio de un virus que en España ha matado ya a más de 8.000 personas de las más de 94.000 contagiadas a fecha 31 de marzo. En estas escalofriantes cifras, destacan como grupo social los más de 10.000 sanitarios contagiados, siendo España el país en el que más personal sanitario se ha visto afectado por el virus. La causa parece evidente: la atención a pacientes sin los equipos de protección individual adecuados, a pesar de que el propio Ministerio de Sanidad dio directrices mediante la Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo a COVID-19 en el ámbito sanitario sobre el modo de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales.

 

Frente a los datos y las recomendaciones, los hechos. Y lo cierto es que el desabastecimiento de equipos de protección y la dificultad para conseguirlos por parte de las autoridades sanitarias es una evidencia palmaria.

 

Como nunca antes habíamos sufrido una crisis sanitaria ni la declaración de estado de alarma por una causa como ésta, no tenemos apenas pronunciamientos de los tribunales de justicia españoles, aunque ya hay algunas resoluciones de Juzgados de lo Social que van dando pistas. Por ejemplo, el Auto del Juzgado de lo Social número cuarenta y uno de Madrid, que estima parcialmente las medidas cautelares interesadas por un sindicato, en el sentido de requerir a las Administraciones demandadas para que provean de los EPIs en el término de veinticuatro horas a los Letrados de la Administración de Justicia en todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid y procedan a la evaluación de riesgos. Sin embargo, se rechaza la dispensa a los funcionarios de prestar sus servicios, en tanto en cuanto no les provean de los EPIs, al ser preciso prestar servicio presencial sólo en circunstancias de urgencia y necesidad, y porque siempre es posible la no asistencia por baja laboral en virtud de enfermedad o patologías previas agravatorias.

 

Por su parte, el Juzgado de lo Social número ocho de Tenerife rechaza idénticas medidas cautelares solicitadas para los trabajadores de ayuda a domicilio, al no poder obligarse a la Administración a hacer algo que es materialmente imposible dada la escasez de EPIs, real y acreditada, sin perjuicio de recomendar encarecidamente que haga todo lo posible por conseguirlos a la mayor brevedad. Además, el juzgado rechaza la dispensa a la prestación de los servicios como resultado de la ponderación y proporcionalidad entre el derecho a la salud de los trabajadores y el derecho a la vida e integridad física de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio.

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también se ha pronunciado en relación con la falta de EPIs para los agentes de Policía, ordenando a la Secretaría de Estado de Seguridad a proporcionar EPIs para evitar el contagio por coronavirus.

 

Surge en este caso un conflicto de intereses que no tiene fácil solución, al entrar en juego los preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entre ellos los artículos 21 y 14, que establecen el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el correlativo deber del empresario, hasta el punto de que el artículo 21 autoriza a los trabajadores a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando consideren que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, sin que los trabajadores o sus representantes puedan sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de tales medidas, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

 

Desde un punto de vista penal, ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máxima autoridad del gobierno, al considerar que “la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección” con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud en la gestión de la pandemia podrían ser constitutivas de un delito contra los trabajadores sanitarios.

 

El CSIF, sindicato más representativo de las Administraciones Públicas, considera que esta falta de previsión y de medidas podrán suponer una “infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y de homicidio imprudente”.

 

En este caso, tratándose de una crisis sanitaria cuya gravedad radica precisamente en la rápida propagación de un virus, que requiere unas específicas medidas de protección para el personal sanitario, ¿de quién es la responsabilidad? ¿del Estado español por no proveer de los EPIs a los funcionarios expuestos especialmente al virus? Si fuese del estado, ¿la responsabilidad es del presidente del gobierno? ¿de un ministro? ¿de varios ministros? ¿de las Comunidades Autónomas que, teniendo competencias en Sanidad, no proveen adecuadamente a su personal público de EPIs? ¿de los jueces por no obligar a suministrar EPIs o, en caso de que no se suministren urgentemente, dispensar a los funcionarios o contratados laborales de acudir a su puesto de trabajo? ¿de los funcionarios por no negarse a acudir sin protección a su puesto de trabajo al no contar con EPIs adecuados? ¿la culpa es compartida? ¿la culpa es individualizable atendiendo a cada caso? ¿No hay culpa ni responsabilidad porque se trata de un supuesto de fuerza mayor? ¿puede haber infracciones penales?

 

La reflexión está servida. Se admiten opiniones.

 

¡Salud y mucho ánimo!